Inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración

Derivado de un análisis de la norma, en su artículo 111 (Ley de Migración) reformada el 12 de Julio del 2018.

Se desprende la inconstitucionalidad del mencionado artículo, mismo que a la letra dice:

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.

El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;

II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;

III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final;

IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y

V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

VI. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles.

Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero.

Ahora bien, de lo transcrito se percibe que dicho artículo es contrario a lo que dicta nuestra Carta Magna, en específico con el cuarto párrafo del artículo 21 Constitucional, aquí el análisis:

Los artículos 1º. y 33 de nuestra Carta Magna, reconocen el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la misma y en los instrumentos internacionales de los que sea parte, lo que implica que no solo los ciudadanos mexicanos, sino los extranjeros, con independencia de su condición jurídica en el país, sean titulares de ciertos derechos por su sola estancia en el país.

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio, y el Instituto Nacional de Migración (INM), como encargado de revisar el estatus migratorio de los extranjeros, realiza detenciones administrativas derivadas de la situación migratoria de las personas, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Migración, reteniéndolas en sus instalaciones mediante la figura del “alojamiento”, siendo el problema que, la actuación del INM al efectuar dichas detenciones administrativas, y más aún, el contenido del citado artículo 111 de la LM, no coincide con el nivel de protección que exige el nuevo texto del artículo 1° de nuestra Carta Magna y siendo contradictorio al texto constitucional en su artículo 21 cuarto párrafo.

En esta hipótesis, el término del “alojamiento” de inmigrantes en las instituciones migratorias es inconstitucional por transgredir los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, al privarlos de su libertad por términos superiores a los contenidos en la Constitución para otros actos graves, constitutivos de delitos, cuando tratándose de la situación migratoria de los inmigrantes no se habla de delitos, sino de faltas administrativas, además de que las figuras que la legislación migratoria se refiere con los términos de “presentación” o “alojamiento”, no están previstas en la Constitución.

Esto es así porque, la norma máxima contempla en el cuarto párrafo del artículo 21 la competencia de la autoridad administrativa para llevar a cabo la aplicación de sanciones, multas, y un arresto hasta por 36 horas, haciendo énfasis en que dicha detención nunca podrá superar el término previamente citado, dichas sanciones son por cometer infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, sin que la detención administrativa con fines de control migratorio encuadre en alguna de ellas, además de que excede cualquiera de los plazos conferidos. Por lo que toda privación de la libertad que no esté de conformidad con la legislación nacional es ilegal o arbitraria, tanto con respecto a la legislación nacional como con el derecho internacional.

Sin embargo, el artículo 111 de la LM permite que las personas migrantes permanezcan privadas de la libertad por un plazo de 15 días hábiles en una estación migratoria, término el cual se puede extender hasta por 60 días hábiles en determinados supuestos establecidos en la misma ley, misma que se prolonga por tiempo indefinido en caso de que el extranjero haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en el que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional, o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

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